Afrontamos en el mundo, entre otras, una crisis que es particularmente paradójica, la crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul, con más 2000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable. A menudo ello se justifica alegando problemas de escasez; sin embargo, la mayoría no son personas sedientas sin agua en sus entornos de vida, sino gente extremadamente empobrecida que vive junto a ríos o sobre acuíferos contaminados, o cuyas aguas son acaparadas por poderosos actores para sus actividades productivas. La clave de esta crisis no está tanto en problemas físicos de escasez, como en problemas de gobernanza de los ecosistemas acuáticos y de los recursos disponibles.
Además de esos problemas de gobernanza, ciertamente hay también problemas de escasez, especialmente en territorios áridos o semiáridos en los que el cambio climático que hemos generado en lo fundamental los más ricos, está agravando en intensidad y frecuencia ciclos de sequía que ponen en riesgo la habitabilidad misma de territorios enteros, como ocurre con buena parte del Sahel. Al respecto, la tan necesaria transición energética justa debería, no sólo asumir nuestra responsabilidad, como primer mundo, en la reducción de emisiones de CO2, sino también los esfuerzos que nos corresponden para promover planes de adaptación al cambio climático, que prevean el reasentamiento voluntario de poblaciones, como desplazados climáticos, en territorios habitables.
Sobre la base de este diagnóstico, como Relator Especial de Naciones Unidas, vengo insistiendo en afrontar esta crisis global centrando esfuerzos en tres grandes desafíos:
- hacer las paces con nuestros ecosistemas acuáticos y poner en un primer plano el derecho humano al saneamiento y a un medioambiente saludable y sostenible;
- promover una gobernanza democrática del agua, entendida como un bien común y no como una mercancía;
- hacer del agua un argumento de paz y cooperación entre los pueblos frente al cambio climático.
Ciertamente disponemos de tecnologías que permiten afrontar todos y cada uno de los problemas que afectan a esos más de 2000 millones de personas. Disponemos de la ósmosis inversa con membranas semipermeables que permiten depurar cualquier contaminante, incluidos los más tóxicos, como los metales pesados; al igual que podemos captar y transportar el agua desde fuentes en buen estado por alejadas que estén… Pero no podemos olvidar que hablamos de personas y comunidades extremadamente empobrecidas que no pueden afrontar los correspondientes costes e inversiones. Si queremos realmente avanzar en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, y garantizar el acceso al agua potable a esos miles de millones de personas, es ineludible afrontar el desafío de recuperar el buen estado de los ríos y acuíferos de los que esas poblaciones dependen a diario. Es necesario recuperar esa sofisticada tecnología natural que gestiona el ciclo hídrico en islas y continentes con energía solar gratuita.
Desde Naciones Unidas, hace poco se reconoció el derecho humano a un medioambiente saludable y sostenible, promoviéndose el concepto de “one health”, una “única salud”, entendiendo que no es posible promover la salud humana sin garantizar la sostenibilidad de la vida, la biodiversidad y la salud de los ecosistemas, y en particular de los ecosistemas acuáticos, de los que todos dependemos.
En confluencia con ese desafío de hacer las paces con nuestros ríos, lagos, humedales y acuíferos debemos colocar en un primer plano el derecho humano al saneamiento, del que 4000 millones de personas no disfrutan, al no disponer siquiera de los servicios de saneamiento e higiene más básicos. Dicho derecho exige, ante todo, instalaciones donde hacer nuestras necesidades en condiciones de intimidad, higiene y seguridad, lo cual es particularmente importante para las mujeres, forzadas, cuando no disponen de ellas, a esconderse y alejarse de sus hogares, con los correspondientes riesgos a su seguridad. El derecho humano al saneamiento exige también garantizar la higiene y la salud menstrual de mujeres y adolescentes, cuestión que se mantiene como tabú en muchos países y regiones, quebrando el derecho a la salud del 50% de la población, además de colapsar el derecho a la educación de las niñas, que suelen dejar la escuela cuando les llega la menstruación. Pero, además, el derecho humano al saneamiento exige instalaciones de recolección y tratamiento de los residuos fecales que hoy suponen la causa más extendida de contaminación que quiebra la potabilidad de los abastecimientos.
Respecto al segundo desafío, no podemos dejarnos arrastrar por las presiones neoliberales que entienden el agua como una simple mercancía y los servicios de agua y saneamiento como un servicio económico a gestionar bajo la lógica de mercado, promoviendo estrategias de privatización, mercantilización y financiarización.
Al respecto, suelo recomendar reflexionar sobre aquella frase de Antonio Machado: “todos los necios confunden valor y precio”; frase que está en sintonía, por cierto, con la sabia distinción que hacía entre economía y crematística. La economía, decía Aristóteles, es el arte de administrar los bienes de la casa, mientras que la crematística se refiere a los bienes que se compran y se venden en el mercado … Si reflexionamos de la mano de Antonio Machado y de Aristóteles, constataremos que los bienes más valiosos que tenemos en nuestras vidas, entre los que sin duda está el agua que necesitamos a diario para vivir dignamente, como el cariño verdadero de la copla, ni se compran ni se venden; se administran y se gestionan, ciertamente, pero no a través del mercado. El agua que, como suelo decir, es el alma azul de la vida, debe ser entendida como un bien común, y no como una mercancía.
Ciertamente, el agua tiene múltiples utilidades, pero es necesario establecer prioridades que deben estar presididas por criterios éticos. Al respecto siempre insisto en la necesidad de priorizar los valores, usos y funciones vinculados a lo que caracterizo como Agua para la Vida – ese mínimo vital necesario para garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; el agua necesaria en comunidades rurales para producir los alimentos que necesitan para garantizar su derecho humano a la alimentación; e incluso las aguas necesarias, en cantidad y calidad, para garantizar el buen estado de los ecosistemas acuáticos, vinculadas al derecho humano a un medioambiente saludable y sostenible-. En un segundo nivel de prioridad deben gestionarse los usos y funciones del Agua para el interés Común. En un tercer nivel deben situarse los usos del Agua para el Desarrollo Económico, en actividades legítimas que permiten mejorar el nivel de vida, especialmente de quienes los promueven. Finalmente, los usos vinculados al espacio del Agua-Crimen, que ponen en riesgo y quiebran la salud pública, contaminando con metales pesados y otros tóxicos, deben ilegalizarse y evitarse a toda costa, por rentables que sean para quienes los impulsan.
Priorizar el agua para la vida y gestionar esa complejidad ética desborda la lógica del mercado y es inconsistente con ella. El agua debe ser considerada como un bien común, y los ecosistemas acuáticos como patrimonios comunes naturales. En la complejidad que supone gestionar la sostenibilidad de grandes cuencas y la multitud de valores, usos e intereses de la sociedad moderna, se impone la necesidad de que el Estado asegure un dominio público efectivo sobre estos bienes; pero asegurando una gestión sostenible, equitativa, transparente, con rendición de cuentas y abierta a una amplia participación ciudadana, como corresponde a la gestión de bienes y patrimonios comunes.
En lo que se refiere al tercer desafío, sería bueno empezar reflexionando sobre como los ríos han hermanado durante miles de años a las comunidades ribereñas, por encima de diferencias culturales, de lengua o de religión. Sin embargo, la visión dominante del agua como puro recurso económico, invita a la competencia por apropiarla, lo cual, en el ámbito de cuencas transfronterizas, suele generar tensiones que pueden desembocar en confrontaciones armadas. Los ríos no deben entenderse como simples canales de H2O, al igual que los bosques no pueden gestionarse como simples almacenes de madera; ríos y bosques deben gestionarse como ecosistemas vivos de cuya sostenibilidad dependemos todos. Es por tanto necesario transitar de la visión del agua como recurso a nuevos enfoques de gestión ecosistémica, que necesariamente nos convocan a la colaboración en lugar de a la competencia.
Garantizar perspectivas de sostenibilidad, en beneficio de todos y todas, desde este enfoque ecosistémico, tanto en cuencas nacionales como transfronterizas, crece en importancia con el cambio climático. Es urgente en este sentido superar concepciones estrechas sobre la “soberanía nacional”, y entender que, al igual que los huracanes y las tormentas no reconocen espacios de soberanía nacional, los ríos no identifican fronteras cuando nos enfrentamos a sequías y crecidas; riesgos que aumentan con el cambio climático, tanto en intensidad como en frecuencia. Se impone por tanto fomentar la firma de la Convención de Aguas de Naciones Unidas por parte de los países que comparten ecosistemas acuáticos. Coherencia que, afortunadamente, asume la Directiva Marco de Aguas en el ámbito de la Unión Europea.
Este libro de Carlos Tundidor aborda estos temas, y otros muchos, centrándose en nuestro país, con un trabajo ingente y encomiable de recogida y contraste de datos. Animo a todo el mundo a leerlo, y a que sirva como base de ese debate que es tan necesario, para separar el grano de la paja, y poder superar hidro-mitos, demagogias y discursos populistas, que suelen enmascarar intereses ilegítimos y enfrentar a los pueblos.
Pedro Arrojo Agudo – Profesor jubilado del Dpto. de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y actual Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento
